Las juanitas: el escándalo como mecanismo de rendición de cuentas

En México, aún son pocos los mecanismos para que el ciudadano común pueda exigirle al gobernante que cumpla con la ley. Los escándalos políticos pueden servir para llenar este vacío democrático, como ilustra el caso de las diputadas juanitas.

La introducción de las cuotas de género muestra la falta de mecanismos democráticos de rendición de cuentas efectivos en México. Desde su adopción en 2002, los partidos han hecho maniobras frecuentes para circunnavegar la obligación legal de nominar un número mínimo de mujeres. La maniobra que varios partidos eligieron en la cámara en la elección intermedia de 2009, popularizado como las diputadas juanitas, les estalló en las manos con un escándalo de buenas dimensiones.

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El diagrama muestra el porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados, en el Senado y en las gubernaturas entre 1997 y 2013. Además, se incluye el año 1990 para dar perspectiva. Los años en rojo indican elecciones de diputados, mientras que las marcas rojas indican elecciones de senadores.

Se puede observar que, desde 1997, hubo un aumento en la participación de la mujer en el Congreso. Sin embargo, es importante señalar que este incremento se ha topado con muchos obstáculos que han provocado un avance escalonado del número de escaños ocupados por mujeres.

La primera cuota de género, adoptada como mera sugerencia para los partidos en 1997, consiguió un aumento inicial que no se sostuvo. El siguiente avance importante fue la elección intermedia de 2003. Esto se debió a que las modificaciones al Cofipe de 2002, que volvieron la cuota obligatoria y, por primera vez, se introdujeron sanciones a los partidos por incumplirla. La cuota para candidatos de un mismo sexo se fijó en 70 por ciento de las candidaturas que no se decidieran mendiante elección primaria.

La ambigüedad con respecto de qué era exactamente una elección primaria—bastaba una declaración del partido para ello—permitió un retroceso en el número de escaños ocupados por mujeres en 2006. Esto llevó a un nuevo cambio de legislación en la materia, estableciendo la cuota de candidatos de un mismo sexo en 60 por ciento y obligó a los partidos a que reservaran 2 de cada 5 candidaturas para el mismo sexo en las listas para candidatos de representación plurinominal.

Tomando en cuenta lo anterior, se puede observar que, en 2009, el número de mujeres en la Cámara de Diputados aumentó de forma significativa; mas en el Senado se mantuvo la tendencia con un pequeño aumento. No obstante, durante los primeros días de la LXI Legislatura (2009-2012), un grupo de ocho diputadas—tres del PRI, tres del PVEM, una del PRD y otra del PT—solicitaron y obtuvieron licencia para cederle su escaño al suplente que, invariablemente, era del sexo masculino. La prensa reportó oportunamente el incidente y estalló el escándalo de las juanitas.

El escándalo fue de magnitud suficiente para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obligara a los partidos políticos a que, en sus fórmulas de candidatos a diputados y senadores para la elección de 2012, el candidato suplente fuera del mismo sexo que el propietario.

Es así como se puede afirmar que el salto cuantitativo de 28.2 a 36. 8 por ciento de los resultados electorales en la Cámara de Diputados de la elección intermedia de 2009 a la elección de 2012 se debió a que el IFE y el TEPJF obligaron a los partidos políticos a cumplir con la legislación vigente desde 2007 en materia de participación de las mujeres debido al escándalo que salió a la luz pública con el caso de las juanitas.

La sentencia del TEPJF fue aún más lejos, al establecer que no puede haber excepciones a las cuotas de género. A raíz de esto, el IFE acordó (CG 413/2011) en 2011 que, sin importar el método democrático para la elección de candidatos de mayoría relativa de un partido político, los partidos deberían presentar al menos 120 y 26 candidaturas para Diputados y Senadores de un mismo sexo, respectivamente, para cumplir con las disposiciones del artículo 219 del Cofipe en su primer párrafo. Además, el TEPJF facultó al IFE para sancionar a los partidos políticos en caso de incumplimiento reiterado.

En este contexto, el IFE impuso un ultimátum de 48 horas a casi todos los partidos políticos para obligarlos a cumplir con la cuota de candidatos de un mismo sexo para la elección federal de 2012 (sólo el PRD había cumplido con la cuota, aunque no los partidos con los que se coaligó). El resultado fue la aplicación mucho más estricta de las normas electorales para la elección federal de 2012.

Lo significativo del caso de las juanitas es que evidenció las prácticas recurrentes de los partidos para eludir la legislación, las cuales venían repitiéndose desde la introducción de los primeros mecanismos de cuotas de género a finales de los años noventa, aunque no se habían dado con tanto cinismo ni de forma tan evidente que terminara en un escándalo político. El escándalo llevó a los órganos de control y revisión en materia electoral, como son el IFE y el TEPJF, a ejercer sus facultades para hacer cumplir las disposiciones electorales en materia de equidad de sexo y obligar, de este modo, a los partidos políticos a cumplir con la ley.

En conclusión, parece que el escándalo político de las juanitas desencadenó un proceso correctivo. Cuando el escándalo se vuelve viral en la opinión pública, el escrutinio público hace que los políticos se vean obligados a responder por sus actos. Bienvenidos los escándalos.

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