El efecto electoral de las cortes americanas

En México nadie ha mostrado ser particularmente sensible al desbalance poblacional de los distritos electorales. A nivel federal, las desviaciones del orden de 15 por ciento por encima o por debajo de la población promedio de los distritos son consideradas totalmente normales. A nivel subnacional, la situación es aún más grave. Por poner un ejemplo, en el estado de Sinaloa el distrito local más poblado es 13 veces mayor que el más despoblado. Le corresponde al poder judicial determinar si estos fenómenos son o no constitucionales.  Un vistazo a algunas disputas judiciales en casos de esta naturaleza en EE.UU quizá sirva de aliciente para que los partidos políticos mexicanos acudan a las cortes para atender esta clase de desequilibrios.

Las Cortes de Estados Unidos han tenido un amplio margen de decisión en materia electoral desde que en 1969 se rechazó la distritación del estado de Missouri. Es ese caso, los jueces consideraron inconstitucional una desproporción del 3.1% en la población de los distritos electorales. La redistritación revisada, que se usó para las elecciones de 1972, logró que los 163 representantes fueran electos en distritos con variación poblacional cercana al 1 por ciento. En comparación con estos márgenes de variación poblacional, los que México tolera en pleno 2013 son francamente enormes.

Es de peculiar atención el caso Karcher v. Dagget que escuchó la Suprema Corte en 1983 y cuyo desenlace fue el rechazo judicial del plan de redistritación para el estado de Nueva Jersey. La  variación poblacional de los distritos en este caso era menor al 1%. La Corte basó su fallo en dos argumentos.

El primero: se violaba el artículo 1 sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos que establece que los electores deben poseer en cada Estado las condiciones necesarias para ejercer sus derechos. Segundo: las diferencias poblacionales entre distritos, si bien eran pequeñas, no  habían sido el resultado de un “esfuerzo de buena fe” para mantener la igualdad poblacional.

Parece una decisión rigorista de la Corte si se toman en cuenta los siguientes datos. El tamaño promedio de cada distrito de Nueva Jersey debía ser 526,059 habitantes. El distrito más grande estaba tan sólo 0.26% arriba del objetivo, con una población de 527,472 habitantes; el distrito más pequeño estaba 0.43% por debajo, con una población de 523,798 habitantes. La dispersión máxima entre poblaciones distritales era de sólo 0.69%, una pequeña fracción de lo que el IFE considera normal en la actualidad.

A criterio de los jueces, en el Estado de Nueva Jersey  los proponentes del nuevo plan no actuaron con buena fe porque logró comprobarse que era posible y fácil reducir la desviación máxima a 0.449% con los siguientes movimientos.

Al distrito cinco se le pudieron agregar Oakland y Franklin Lakes provenientes del distrito ocho, y Hillsdale, Woodcliff Lake y Norwood del distrito nueve. Al sexto distrito se le agregaba North Brunswick del séptimo distrito. Además, a este último se le agregaba Roosevelt proveniente del cuarto distrito, así como South Plainfield y Helmetta del distrito sexto. Si bien estos cambios reducían la varianza poblacional, también se argumentó que el plan distrital propuesto para Nueva Jersey no protegía los intereses de gente afroamericana que habitaba en los condados de Tranton y Camden.  Con base en las anteriores necesidades legítimas se justificó que en el estado de Nueva Jersey no se actuó de buena fe y de ahí, que se rechazará el plan distrital.

new jersey districts                               Fuente: New Jersey Reapportionment Commission.

La Corte estableció en la sentencia del caso de Nueva Jersey que toda variación de los distritos con respecto a la media estatal exige una sólida justificación. Un ejemplo de justificación de esta naturaleza es la preservación de la compacidad distrital. Otra es preservar las bases ideológicas que existen en determinadas zonas geográficas. Esto obedece a que se busca evitar conflictos civiles por cuestiones étnicas y raciales en las que podrían verse incluidos grupos opuestos dentro de un mismo distrito. Si bien en México se utilizan criterios similares, el IFE al momento de la redistritación tiende a valorarlos en mayor medida en comparación con la equidad poblacional, ya que esta última parece tomar importancia cuando se aprieta el algoritmo y se sobrepasa el 15 por ciento.

Gary Cox y Jonathan Katz estudiaron sistemáticamente el proceso de distritación federal de EE.UU. Uno de sus argumentos centrales es que es posible entender si dicho proceso favorece a un partido en detrimento de otro tomando en cuenta las reglas por las que se redistrita en EE.UU. así como las preferencias políticas de los actores involucrados en el proceso. Aunque hay importantes diferencias entre el proceso de redistritación de México y el de EE.UU., en algo sí son comunes: uno de los actores con poder para vetar un plan de redistritación son las cortes.

Tras el análisis anterior, sólo queda decir que si la Corte en EE.UU. ha revertido planes con diferencias menores al 1%, cómo es posible que en México los partidos políticos sigan permitiendo la redistritación federal del IFE con un margen legal decenas de veces mayor entre las poblaciones distritales. Ante la eminente creación del INE, es probable que una de las primeras tareas sea la redistritación federal. Aún se está a tiempo para que el debate se abra y los partidos hagan pública su potencial inconformidad ante las decisiones técnicas del actual IFE o del futuro INE.

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